ENTRE LA INTELIGENCIA VIAL Y LA MALICIA INDIGENA

Por Betty Martínez. S

Desde el año pasado los colombianos nos acostumbramos a ver los comerciales, los stickers y todo el material publicitario acerca de la campaña institucional del Fondo de Prevención Vial protagonizada por Pirry el presentador del canal RCN televisión, orientada a disminuir la accidentalidad en las vías colombianas y a cambiar los hábitos en materia de transito.

La campaña en sí no es mala, sino fuera porque un tema tan importante debería tratarse con más cuidado por parte de todos los actores.

En Colombia las muertes por accidentes de transito son la segunda causa de mortalidad violenta, es decir son cinco veces más altas que las muertes que produce el conflicto armado, pero más allá de si somos o no inteligentes viales, se deberían tener en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo el estado de la malla vial que en Colombia es catastrófica y que a nadie parece importarle, sobre todo a la institucionalidad pública que desde hace más de una década viene hablando de globalización y de competitividad y de la necesidad de invertir en las vías del país, dinero que se roban los grandes constructores a quienes se les adjudican las obras.

Pero por otro lado, el problema es también la indefensión del peatón, aquí los semáforos los programan desde una central de cómputo , a diferencia de los países desarrollados donde el semáforo lo administra el peatón de acuerdo con sus necesidades de cruzar la calle.

Pero en Colombia todo mafioso, nuevo rico, emergente o funcionario público de alto rango o de medio pelo, se cree el dueño de la vía y para ellos no parece existir la legislación de tránsito.

Y ni qué hablar de la malicia indígena y del nivel de corrupción que se maneja en las secretarías de transito del país y en sus demás organismos complementarios, donde los guardas y policías se esconden cuando no tienen plata, para imponerles sanciones a los conductores o piden plata para no sancionar y ni qué decir de los tramitadores que venden SOAT falsificados y del volumen de gente que los compra.

Pero además, a todo eso, se suma la debilidad de la legislación en materia de transito y transporte, no es sino ver el sinnúmero de comparendos de los mismos camioneros, los taxistas y conductores de buses que parecen no importarle a los dueños de las empresas para las cuales trabajan.

Todo esto sin tener en cuenta el desmesurado uso de las motocicletas como vehículos de transito y su crecimiento de manera exponencial en el país, a un ritmo del 400% año y de igual manera el número de carros, dadas las facilidades de pago que hoy en día ofrecen las ensambladoras del país.

La situación se ha tornado tan difícil que en ciudades como Bogotá hace rato hicieron colapsar el “pico y placa” que se había propuesto como una medida para disminuir la toxicidad vehicular y el caos en la movilidad.

Bien valdría la pena que se hicieran esfuerzos interistitucionales por abordar con seriedad y profundidad un tema prioritario en la agenda del país que se volvió un problema de salud pública.

EL LADRÓN DE GATOS

En una de esas conversaciones anónimas escuchada en una de las largas filas que se forman en Armenia para pagar cualquier servicio público por anticipado escuché la siguiente historia por boca de Gloria.
Ella es una mujer de unos 40 años, tez blanca, baja estatura, cabello rojizo tinturado y gracia al caminar. Vive como ella misma lo confirma en un populoso sector de la ciudad en una casa que está en proceso de venta, porque entraron en crisis económica.
Mientras más calienta el sol y el cielo se torna más azul , Gloria ve una mujer bien vestida que se acerca a la fila a pedir limosna para pagar la cirugía de corazón abierto que requiere su hijo y que le practicarán en la Fundación Cardio Infantil de Bogotá.
El joven que acompaña la desconocida mujer tiene unos 16 años, es alto, rosado y de buen estado físico, no parece realmente tener ninguna cardiopatía.
Las demás mujeres, humildes también como Gloria comentan en la fila que pobre señora, que hay que ayudarla, que qué tal uno con un hijo enfermo y sin ningún centavo para llevarlo al médico y narra la anécdota del día aquel en que descompletó los $200 pesos de su transporte, por compararle un pan a un mendigo y cómo a ella misma, acto seguido le tocó pedir para llegar al barrio donde vive.
Como cualquier maravillosa contadora de historias y con una memoria prodigiosa dice que se acuerda mucho del mendigo porque un sobrino suyo, bachiller del Colegio Nacional, se volvió ”desechable” de tanto “fumar vicio” reafirma ella.
Y señala la lucha titánica que dio su abuela para que al muchacho no lo fueran a echar de la casa y como su padre un conductor de bus urbano, no lo volvió a dejar a entrar a la casa, nunca jamás. Recuerda con precisión el día en que se entró a la casa de la abuela, bajó la ropa de los alambres del patio y se fue a venderla para comprar bazuco y como tiempo después, entre todos sus hermanos y parientes tenían que recoger mensualmente los 650 mil pesos para pagarle el centro de rehabilitación de donde se fugó posteriormente.
Y el día aquel en que ella, trabajando en uno de los restaurantes del centro donde se venden los famosos “corrientazos”, mientras servía uno de los almuerzos, vio de manera denigrante como expulsaban por la fuerza del lugar al joven y cómo de manera involuntaria las lágrimas corrieron por sus mejillas.
Ante tan entretenida historia, sus interlocutores la interrogan sobre qué ocurrió con el sobrino y Gloria responde entre muchas otras anécdotas que una vez volvió al barrio donde vivían y en horas de la noche se robó el gato de sus vecinos y que al día siguiente lo vendieron vendiéndolo en el centro de la ciudad por dos mil pesos.
Con mirada perpleja y un poco de tristeza recuerda que después del robo del gato, lo vio dos veces más, hasta que el joven les dijo a sus familiares que se iba a trabajar a Córdoba, que un señor muy importante lo iba a contratar a él y a dos personas más personas para trabajar en una finca donde le iban a dar trabajo, ropa, y comida en Tierra Alta (Córdoba) no Córdoba Quindío, sino por allá mucho más lejos de aquí le aclara ella a sus interlocutores.
Y qué pasó? le interroga uno de ellos, no que después de un año de haberse desaparecido y no saber nada de él nosotros lo denunciamos como desaparecido y al año siguiente, llamaron por teléfono al papá de él, por parte de la Fiscalía de Montería a decirle que habían encontrado un cadáver que podía corresponder a su hijo.
Como las veces anteriores, la familia, los amigos y vecinos del barrio, recogieron dinero para que el padre emprendiera el viaje hasta Montería y reconociera los restos óseos del muchacho que apenas contaba con 24 años de edad y cuyo cadáver había sido encontrado en una zona de combate, vestido de camuflado de la guerrilla y portando un arma.
Sus amigos de ocasión exclaman ¡un falso positivo¡ y Gloria dice sí y su mamá que es mi hermana y vive en Ecuador no vino al funeral, porque ella decía que lo había dejado bueno y sano.
¿Y qué más pasó? interrogan en coro sus contertulios,” no pues demandamos al Estado y un grupo de abogados nos está tramitando la indemnización”.

Gloria hace una pausa, respira profundo y toma el turno para reclamar el recibo del impuesto predial de su casa, con una afable sonrisa se despide de los tres desconocidos que atentamente escucharon la trágica historia y de paso pudieron entretenerse por un espacio de tiempo, sin sentir que fue tiempo perdido.

LA PRUEBA ACIDA PARA J.M SANTOS

No hay duda que las cinco locomotoras del gobierno de Juan Manuel Santos quedaron convertidas hoy en las motobombas de la prosperidad, como consecuencia del desastre nacional generado tangencialmente por la oleada invernal que sacudió a Colombia en el último año.

Un desastre que según los cálculos oficiales dejó cerca de 300 muertos y tiene a más de dos y medio millones de personas en situación de damnificados y que le va a costar al país por lo menos 12 billones de pesos, mal contados.

Y será la prueba ácida para el Presidente Santos, porque después de un desastre natural, un proceso de reconstrucción se convierte para cualquier gobernante en todo un reto, dado que tendrá que concentrar todos los esfuerzos de su naciente gobierno en recuperar lo que se ha perdido, con lo cual las cinco locomotoras de la “Prosperidad para todos” quedan atascadas en medio de esa masa de agua que acabo con buena parte del país y que requiere con urgencia recursos millonarios para atender todas las demandas de las poblaciones afectadas, especialmente la reubicación de miles de personas y de poblaciones completas que colapsaron y prácticamente desaparecieron del mapa.

No será éste un proceso fácil, dado que el desastre no se produjo en una única zona geográfica específica, sino que se expandió por 28 departamentos de los 32 que constituyen el territorio nacional.

Hay que tener en cuenta que la cultura colombiana es diversa y ese es un elemento fundamental en una situación de desastre, las costumbres y las prácticas sociales pueden hacer en un determinado momento que las poblaciones resurjan o se ahoguen en sus propias contradicciones o en su incapacidad para resolverlas, de eso nos han dejado lecciones recientemente los terremotos de Haití y de Chile ocurridos en 2010, este último con una magnitud cinco veces mayor que el de Haití, sin embargo con menores efectos para el conjunto de la sociedad chilena que ha dado muestras de liderazgo, organización y capacidad de respuesta.

Está probado además que en regiones donde se producen desastres naturales, hay una tendencia a malgastar en primera instancia los recursos financieros y a desconocer los diferentes niveles de la sociedad y sus capacidades, sin olvidar que este 2011 es un año electoral en el cual, los políticos colombianos tradicionales aprovecharán la situación agitando las masas de damnificados en favor de sus intereses personales y políticos.

Es necesario articular lo público, lo privado y lo comunitario, a fin de evitar la invasión de Ongs ajenas a las regiones que desconocen la cultura, las costumbres y el desarrollo local y por el contrario más que concertar con las comunidades lo que hacen es imponer sus decisiones.

Los subsidios otorgados por el gobierno para el sostenimiento de los damnificados en la fase inicial de las emergencias se convierten en un arma de doble filo, porque estos llegan a las personas de mayor vulnerabilidad económica y social que siempre han estado en la base de la pirámide social y cuando ven satisfechas sus necesidades básicas inmediatas por largos periodos de tiempo se quedan inmóviles viviendo de los recursos del estado, sin generar ningún tipo de intercambio y sin desarrollar ninguna capacidad que le pueda aportar a la sostenibilidad del proceso de reconstrucción a futuro y por consiguiente cambiar su propio destino y el de sus familias.

Convertir a gente excluida socialmente de los beneficios del desarrollo en ciudadanos de primera es todo un reto que requiere de unos procesos de aprendizaje que pueden durar largo tiempo. La experiencia del eje cafetero nos enseñó por ejemplo que los arrendatarios, beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social, varios años después de ocurrida la tragedia, ya no son los propietarios de las viviendas, sino que volvieron a su condición inicial de arrendatarios y en mucho casos a ocupar algunos de las zonas de alta vulnerabilidad de las cuales fueron erradicados en el proceso de reconstrucción.

En muchos de los barrios de la reconstrucción en Armenia, los beneficiarios de las viviendas dejaron las casas desocupadas y abandonadas por su incapacidad para pagar los servicios públicos y fueron desmanteladas por los vándalos de esos mismos sectores.

De allí que se diga que el proceso tiene que viabilizar su sostenibilidad económica, si los damnificados no tienen empleo, será muy difícil que puedan armar unos proyectos de vida sólidos a futuro y que esos mismos ciudadanos no generen problemas de orden público en el mediano plazo.

El gran vacío que dejó la reconstrucción del eje cafetero, fue precisamente que no se cumplió con el objetivo de la sostenibilidad económica y casi 12 años después de ocurrido el terremoto, la economía no despega, a pesar de la famosa Ley Quimbaya aprobada por el Congreso de la República que otorgaba incentivos económicos y excención de impuestos a las nuevas empresas que se establecieran en la región y generaran nuevos empleos, ley esta que se mantuvo por casi una década y cuyo balance deja mucho que desear.

Será entonces la reconstrucción del país la prueba determinante que le permitirá a Santos conocer efectivamente su liderazgo y su capacidad de gestión como la cuota inicial para su reelección.

Betty Martínez. S Docente universitaria.

DEL WATERGATE AL WIKILEAKS

En junio de 1972 se produjo el incidente que desató el mayor escándalo de la historia política del siglo XX y que terminó el 8 de agosto de 1974 con la renuncia del presidente Richard Nixon, gobernante de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, ese hecho recordado por siempre se conoció como el Escándalo del Watergate, en el cual dos periodistas del prestigioso diario Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward develaron a través de una profunda investigación la cadena de abusos de poder cometidos en el gobierno de Nixon y las arbitrariedades contra el Comité Nacional del Partido Demócrata en el proceso de la reelección presidencial.

36 años después, la historia se repite aunque con diferentes actores y en distintos escenarios. Las revelaciones realizadas por el australiano Julian Assange, líder y hacker del portal WikiLeaks, no hacen otra cosa que no sea develar las intrigas, maquinaciones y en ocasiones planes frustrados del sistema diplomático más poderoso y organizado del mundo. De confirmarse la veracidad de los más de los 250 mil archivos con información clasificada hallados de este sitio web y diseminados a los cinco diarios más influyentes de Europa y los Estados Unidos, la administración Obama se coloca en las mismas condiciones éticas y de cuestionamientos que matizaron el caso Watergate con relación a la administración Nixon.

Las revelaciones contemporáneas tienen implicaciones de carácter geopolítico hemisférico y en ocasiones hasta global, pero sobre todo lo más importante es que reabren el debate sobre el papel que deben cumplir los medios de comunicación en las democracias de hoy.

Pues es el mismo sistema democrático el que le ha asignado a la prensa, la tarea de “perro guardián” y por tanto, el periodismo asume así la parte más delicada y difícil en esa misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a luz los casos, a menudo ocultos e invisibles que otros quieren ocultar.

Desde las épocas del filosofo y economista John Stuart Mill, al hablar sobre libertad y verdad , éste decía que: "revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes".

Si bien es cierto que , Julian Assange no es un periodista, porque su trabajo no consiste en interpretar y analizar la realidad a partir de los hechos o los documentos clasificados para que los demás la entiendan y la asimilen, sí representa y es el ícono de una nueva manera de acceder a la información y a la divulgación del conocimiento, en eso que el analista y futurólogo norteamericano Alvin Tofler denomina prosumidores y que los define en su libro “La Tercera Ola”, escrito en 1980 y más tarde los rescata en “La revolución de la riqueza” escrito en 2006, como los productores y a su vez los consumidores de contenidos en los diferentes soportes tecnológicos de los medios de comunicación del mundo globalizado y digital.

Un prosumer no tiene fines lucrativos, sólo participa en un mundo digital de intercambio de información y de las redes pares intercambiables.

La palabra prosumer describe perfectamente a millones de participantes en la revolución del Web 2.0, ya que son cada vez más las personas involucradas que suben información a la red y a su vez son consumidores de la misma, creando así un abanico de información en todos los sentidos y ampliando la democracia digital.

La reacción norteamericana no se ha hecho esperar Hillary Clinton, secretaria de Estado, dijo que la revelación "no autorizada" de la información representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y que pone en riesgo la vida de personas.

La publicación de los documentos entregados por WikiLeaks a cinco medios de comunicación de Europa y Estados Unidos "pone en peligro la vida personas, amenaza a nuestra seguridad nacional, y socava nuestros esfuerzos para trabajar con otros países y resolver los problemas comunes", reafirmó Clinton.

A su vez, un grupo de activistas iniciaron una masiva campaña virtual para recoger un millón de firmas orientada a defender la libertad de prensa en el mundo.

Expertos legales opinan que es probable que Wikileaks ho haya vulnerado ninguna ley. Sin embargo, destacados políticos estadounidenses lo han tachado de grupo terrorista y se ha llegado a insinuar que habría que matar a los miembros de su equipo. La organización está sufriendo un ataque masivo por parte de gobiernos y corporaciones, pero WikiLeaks se está limitando a publicar información facilitada por confidentes, en colaboración con algunos de los periódicos más prominentes del mundo (New York Times, The Guardian, Spiegel, El País), quienes examinan cuidadosamente la información antes de publicarla.

Esta gigantesca intimidación extra-judicial constituye un ataque a la democracia misma. De manera urgente, necesitamos alzar nuestras voces en defensa de la libertad de prensa y expresión..dice el mensaje vehemente de los defensores de WikiLeaks

WikiLeaks no está actuando sola. Está trabajando conjuntamente con destacados periódicos a nivel mundial (New York Times, Guardian, Der Spiegel. El País, etc) para evaluar cuidadosamente 250,000 cables diplomáticos de los EE.UU. y eliminar cualquier información cuya publicación fuese irresponsable. Solamente 800 cables han sido publicados hasta la fecha.

Anteriores revelaciones de WikiLeaks han destapado casos de tortura a manos de gobiernos, el asesinato de civiles inocentes en Irak y Afganistán, y escándalos de corrupción en el seno de grandes corporaciones.

El gobierno de los EE.UU. está agotando todos los posibles cauces legales para impedir que WikiLeaks publique más cables, pero lo cierto es que las leyes democráticas protegen la libertad de prensa. Es muy posible que los Estados Unidos y otros gobiernos no sean partidarios del tipo de legislación que protege la libertad de expresión, pero es precisamente por ello por lo que es crucial que existan dichas leyes, y que sólo a través de un sistema democrático sea posible reformarlas.

Es normal que existan desacuerdos sobre si WikiLeaks, y los periódicos con los que está colaborando, están diseminando más información de la que los ciudadanos debieran conocer; o si las informaciones publicadas debilitan el principio de confidencialidad diplomática, y si eso es algo bueno. O sobre si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tiene la personalidad de un héroe o de un villano. Pero nada de esto justifica la encarnizada campaña de intimidación dirigida a silenciar un medio de comunicación legal emprendida por gobiernos y corporaciones. Advierten los defensores.

Sobre el tema, Juan Varela del portal español Estrella Digital dice: Wikileaks es una enmienda a la totalidad de la mayoría del periodismo actual, el que vive de hacer lo contrario: opinión sin argumentos, hipótesis sin información, rumores como noticias, periodismo de declaraciones, redundancia de tanta publicación repetida por todos en la urgencia de la actualización y el tiempo real. Wikileaks defiende, como otros nuevos cibermedios, un periodismo abierto, transparente, sin ánimo de lucro, de interés público, con colaboración con medios y ciudadanos para lograr publicar la información que ayuda a luchar contra la corrupción y mejora la democracia. Y lo hace con la fuerza de los datos.

En su periodismo está la mayor crítica al periodismo convencional. Y en la publicación de sus información, el reconocimiento de esa derrota a pesar de la rentabilidad en ejemplares vendidos y páginas vistas en internet.

El debate que queda pendiente es si la libertad de expresión y la democracia van realmente de la mano o si existen límites en la sociedad globalizada, o más bien preguntarnos si la ética de la política exterior norteamericana existe.

Betty Martínez. S, Docente Periodismo Investigativo, Programa Comunicación Social – Periodismo Universidad del Quindío.

CUANDO EL DESASTRE ES LA AUSENCIA DE ESTADO

Con gran preocupación y lástima hemos visto los colombianos el desastre causado por la intensidad de las lluvias en los últimos meses en el país. Según los datos del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, registra que la ola invernal ha dejado hasta la fecha 1.170.480 personas afectadas en 549 municipios en 28 departamentos más el Distrito Capital de Bogotá (desde el 6 de abril al 10 de noviembre), lo que representa el 52% del total del país afectado. Además, se reportan 116 personas muertas, 191 heridas y 20 desaparecidas. Un total de 1.654 viviendas han sido destruidas y 196.662 viviendas averiadas.

Según estadísticas del Departamento Nacional de Estadística, DANE, (2005), el 71% de las familias en zonas afectadas tienen necesidades básicas insatisfechas. Las inundaciones han causado dificultades de acceso especialmente a zonas rurales, obstaculizando la evaluación de los daños y necesidades como la entrega de asistencia de emergencia. Según información de las autoridades locales y ONG, las inundaciones han afectado fuertemente grandes áreas de cultivos y pequeña ganadería, deteriorando los ya precarios medios de vida, como la mayoría de la población en las zonas afectadas viven de la agricultura y el pastoreo. Las condiciones sanitarias que por lo general son muy básicas en las zonas afectadas han sido deterioradas por contaminación de las fuentes de agua, causando enfermedades como diarrea e infecciones respiratorias y de la piel. Se han reportado daños de viviendas, estructuras escolares y centros de salud.

El gobierno nacional gestiona la movilización de recursos a través del Fondo de Regalías para reponer los recursos del Fondo de Calamidad, dado que a la fecha se han invertido cerca de 18 millones de dólares. Por su parte el ‘`0p-ha movilizado insumos médicos y recurso humano para la atención de las necesidades de salud en las regiones afectadas.

El sistema de NNUU a través del Grupo UNETE viene apoyando a las diferentes instancias del gobierno Colombiano, se ha dispuesto una respuesta interagencial y la posibilidad de solicitar fondos del CERF.

OPS a través de las oficinas de terreno viene acompañando a las autoridades en el nivel local en las acciones de respuesta y en el manejo de la información, se ha establecido una estrecha comunicación de con la Oficina de Emergencias y Desastres del Ministerio de la Protección Social y se han definido las acciones prioritarias a desarrollar.

Declaración de emergencia

El Gobierno trabaja en un Decreto de "Calamidad Nacional" dada la afectación del 52% del país y la perspectiva de que las lluvias continúen dejando más afectados, lo que le otorga facultades extraordinarias al gobierno para movilizar recursos internos; así mismo hacer el llamamiento al sector privado y a la Cooperación Internacional para que apoye la respuesta a la situación.

Ayuda Internacional

La Dirección de Gestión del Riesgo, mediante comunicación de referencia OFI10-41208-DGR-0260, dirigida al Coordinador Residente y Humanitario del SNU en Colombia, hace solicitud de apoyo al Sistema Integral de las Naciones Unidas para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno nacional frente a la emergencia por la Ola invernal que vive el país.

En términos generales podríamos decir que se han hecho todas las gestiones necesarias para atender la emergencia, pero absolutamente nada para prevenirla, preocupa la ausencia de Estado que ha sido totalmente ajeno a controlar la ocupación del territorio en zonas de alta vulnerabilidad, los constructores inescrupulosos que han construido en esas zonas, la falta de un estado fuerte que haga cumplir las normas contempladas en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, los funcionarios corruptos que dan las licencias para construir viviendas ahí, la debilidad y pobreza de los Sistemas locales y departamentales para prevenir y atender los desastres y sumado a ello, la indiferencia y el desprecio con el cual los gobernantes locales y regionales adoptan políticas y destinan presupuesto para prevenir y gestionar el riesgo y por otro lado la pobreza y la exclusión social que impida que la gente más pobre acceda a vivienda dignas y seguras.

Pareciera como si nada se hubiera aprendido de las experiencias dejadas por los grandes desastres que han ocurrido en el país en los últimos 25 años, desde la avalancha de Armero hasta el terremoto del eje cafetero, todo se reduce a atender la emergencia, pero nada a prevenirla, para la muestra un botón, el Comité Regional de prevención y Atención de Desastres del Quindío, CREPAD lo componen dos contratistas y una camioneta y eso que el terremoto ocurrió apenas hace 11 años.

Por Betty Martínez. S

Docente Comunicación Social- Periodismo, Universidad del Quindío (Armenia-Quindio- Colombia)