No hay duda que las cinco locomotoras del gobierno de Juan Manuel Santos quedaron convertidas hoy en las motobombas de la prosperidad, como consecuencia del desastre nacional generado tangencialmente por la oleada invernal que sacudió a Colombia en el último año.
Un desastre que según los cálculos oficiales dejó cerca de 300 muertos y tiene a más de dos y medio millones de personas en situación de damnificados y que le va a costar al país por lo menos 12 billones de pesos, mal contados.
Y será la prueba ácida para el Presidente Santos, porque después de un desastre natural, un proceso de reconstrucción se convierte para cualquier gobernante en todo un reto, dado que tendrá que concentrar todos los esfuerzos de su naciente gobierno en recuperar lo que se ha perdido, con lo cual las cinco locomotoras de la “Prosperidad para todos” quedan atascadas en medio de esa masa de agua que acabo con buena parte del país y que requiere con urgencia recursos millonarios para atender todas las demandas de las poblaciones afectadas, especialmente la reubicación de miles de personas y de poblaciones completas que colapsaron y prácticamente desaparecieron del mapa.
No será éste un proceso fácil, dado que el desastre no se produjo en una única zona geográfica específica, sino que se expandió por 28 departamentos de los 32 que constituyen el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta que la cultura colombiana es diversa y ese es un elemento fundamental en una situación de desastre, las costumbres y las prácticas sociales pueden hacer en un determinado momento que las poblaciones resurjan o se ahoguen en sus propias contradicciones o en su incapacidad para resolverlas, de eso nos han dejado lecciones recientemente los terremotos de Haití y de Chile ocurridos en 2010, este último con una magnitud cinco veces mayor que el de Haití, sin embargo con menores efectos para el conjunto de la sociedad chilena que ha dado muestras de liderazgo, organización y capacidad de respuesta.
Está probado además que en regiones donde se producen desastres naturales, hay una tendencia a malgastar en primera instancia los recursos financieros y a desconocer los diferentes niveles de la sociedad y sus capacidades, sin olvidar que este 2011 es un año electoral en el cual, los políticos colombianos tradicionales aprovecharán la situación agitando las masas de damnificados en favor de sus intereses personales y políticos.
Es necesario articular lo público, lo privado y lo comunitario, a fin de evitar la invasión de Ongs ajenas a las regiones que desconocen la cultura, las costumbres y el desarrollo local y por el contrario más que concertar con las comunidades lo que hacen es imponer sus decisiones.
Los subsidios otorgados por el gobierno para el sostenimiento de los damnificados en la fase inicial de las emergencias se convierten en un arma de doble filo, porque estos llegan a las personas de mayor vulnerabilidad económica y social que siempre han estado en la base de la pirámide social y cuando ven satisfechas sus necesidades básicas inmediatas por largos periodos de tiempo se quedan inmóviles viviendo de los recursos del estado, sin generar ningún tipo de intercambio y sin desarrollar ninguna capacidad que le pueda aportar a la sostenibilidad del proceso de reconstrucción a futuro y por consiguiente cambiar su propio destino y el de sus familias.
Convertir a gente excluida socialmente de los beneficios del desarrollo en ciudadanos de primera es todo un reto que requiere de unos procesos de aprendizaje que pueden durar largo tiempo. La experiencia del eje cafetero nos enseñó por ejemplo que los arrendatarios, beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social, varios años después de ocurrida la tragedia, ya no son los propietarios de las viviendas, sino que volvieron a su condición inicial de arrendatarios y en mucho casos a ocupar algunos de las zonas de alta vulnerabilidad de las cuales fueron erradicados en el proceso de reconstrucción.
En muchos de los barrios de la reconstrucción en Armenia, los beneficiarios de las viviendas dejaron las casas desocupadas y abandonadas por su incapacidad para pagar los servicios públicos y fueron desmanteladas por los vándalos de esos mismos sectores.
De allí que se diga que el proceso tiene que viabilizar su sostenibilidad económica, si los damnificados no tienen empleo, será muy difícil que puedan armar unos proyectos de vida sólidos a futuro y que esos mismos ciudadanos no generen problemas de orden público en el mediano plazo.
El gran vacío que dejó la reconstrucción del eje cafetero, fue precisamente que no se cumplió con el objetivo de la sostenibilidad económica y casi 12 años después de ocurrido el terremoto, la economía no despega, a pesar de la famosa Ley Quimbaya aprobada por el Congreso de la República que otorgaba incentivos económicos y excención de impuestos a las nuevas empresas que se establecieran en la región y generaran nuevos empleos, ley esta que se mantuvo por casi una década y cuyo balance deja mucho que desear.
Será entonces la reconstrucción del país la prueba determinante que le permitirá a Santos conocer efectivamente su liderazgo y su capacidad de gestión como la cuota inicial para su reelección.
Betty Martínez. S Docente universitaria.
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